Los fantasmas de Puerto Armuelles septiembre 17, 2009

TRAGEDIA EN LAS BANANERAS

Los fantasmas de Puerto Armuelles

CARLOS ATENCIO/GUIDO BILBAO | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La Estrella de Panamá (14 de septiembre de 2009)

Lo que nunca se dijo sobre las consecuencias sociales de la fumigación en las bananeras: cáncer, esterilidad, ceguera y malformaciones. Una historia perturbadora que evidencia, sobre todo, la ausencia del Estado
CHIRIQUÍ. Puerto Armuelles es ahora un lugar de sombras. Brilla el sol más caliente de este país tropical, pero así y todo, la sensación es de oscuridad, de fría decadencia. La fiebre del oro verde bajó, es cosa del pasado y, de lo que fue, sólo quedan los recuerdos.

La realidad mezcla el desempleo, la marginalidad y la desesperanza. Las personas salen de las casas únicamente para comprar alimentos y para ir al médico. Los enfermos se cuentan a montones. La sensación, en la calle, es la de una sala de espera de hospital.

Este pueblo, a 530 kilómetros de la ciudad capital, es protagonista de un drama colectivo que duerme el sueño de los justos: miles de obreros y sus familias fueron expuestos a agroquímicos altamente tóxicos durante el boom bananero. Años y años en los que ellos mismos, sin saberlo, regaban la muerte sobre sus campos, sus casas y sobre ellos mismos. Ahora, en pleno siglo XXI, recogen el fruto menos deseado: Las flores de la muerte.

LA PESTE

Los afectados, por lo general obreros de las bananeras y sus familiares, llevan una lucha legal de trece años. Buscan que la empresa responsable, la trasnacional Chiquita Brands, pague por lo que aquí se define como un “crimen en masa” o “bombas por hectáreas” o, como prefieren los médicos, “envenenamiento”. Chiquita tenía 18 fincas que rentaban al Estado panameño por un canon mensual de 700 mil dólares. Los afectados buscan que les paguen los tratamientos médicos y también indemnizaciones, interpusieron una demanda ante el juez Mario Juárez, del Circuito Octavo del Ramo Civil de Chiriquí que supera los 42 millones de dólares. Agustín Obando, uno de los demandantes, dice que a la justicia no le tiene ninguna fe.

Este hombre que tiene 55 años pero aparenta muchos más, trabajó durante algunos meses manipulando y realizando el trabajo de fumigar las plantaciones. Roció DBCP o Nemagón. El Estado panameño permitía el uso de este tóxico que apareció en Estados Unidos hacia fines del siglo XIX. Tan viejo como la sustancia son los estudios toxicológicos de los doctores Ted Torkelson, de la empresa Dow Chemical y Charles Hines, de la Universidad de California, que hablan de los daños irreversibles en la salud. En Estados Unidos, está prohibido desde principios del Siglo XX. El Nemagón es altamente persistente y se filtra en los mantos acuíferos donde permanece hasta por 200 años. Los médicos hicieron pruebas con ratas. Demostraron que luego del contacto con dosis bajas de Nemagón tenían crecimiento retardado, daños en los pulmones y riñones y reducción en los testículos. Dosis altas o prolongadas en el tiempo, los reducían a la mitad provocando al esterilidad. Y que en los humanos las consecuencias eran similares. Según reportes de la Red de Acción en Plagicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) en Centroamérica hay unos 26 mil trabajadores estériles a causa de la exposición a estas sustancias.

Cuando Obando entró a Chiquita Brands no sabía nada de esto. Sentía que estaba dando un paso importante en su vida. Finalmente iba a poder estar tranquilo y mantener a su hijo de meses de nacido. Corría el año 76. Obando acaba de cumplir 23.

Al ingresar a la compañía, le hicieron exámenes físicos. Le dijeron que era fuerte como un toro y lo mandaron a fumigar.

Tenía contacto diario con las sustancias tóxicas sin ningún tipo de cuidado ni entrenamiento para su manejo. A los cinco meses renunció. “No aguanté más, me fui porque me sentía mal, con mareos, dolor de cabeza, vómitos y muchas veces quedaba viendo oscurito, cocuyito, me daban convulsiones. Pero yo cometí una tontería de no ir al hospital ni nada de eso. Lo más sencillo fue salirme del trabajo. Pero ya era tarde. De ahí en adelante vinieron mis problemas”. Fueron cinco meses que cambiaron su vida para siempre y que, treinta tres años después, siguen presentes, enturbiándole la vida. Obando entre otras cosas, se volvió esteril y con el tiempo perdió la visión.

Agustín vive sin ver, preso de la ceguera y rodeado de pobreza: dos sofás despellejados, un fogón de leña en el patio, ropa amontonada sobre el otro sillón. Cuenta que la enfermedad le vino de menos a menos, hasta quedar encarcela’o en un ranchito. “Un tipo con las calamidades que yo tengo.. ¿a qué puede aspirar? Hasta la mujer se me fue porque no podía hacer nada”.

El único hijo que tuvo nació un año antes de ingresar a la bananera. “De ahí para acá hasta de engendrar me privaron”, se lamenta. Esto lo comprendió muchos años después por comentarios similares de otros obreros de las fincas, todos preocupados y sin saber porque la infertilidad cundía.

Agustín, desde el pozo de su ceguera y con dos gatos como únicos aliados en esta batalla, culpa al Estado. Lo peor de todo, dice, “es que no hay quien, no hay gobierno, no hay autoridades, no hay amigos, no hay hermanos, no hay nadie que se presente aquí y diga esta es mi mano salvadora. ¡Naaaadie! A veces solamente la fe ciega en Dios me tiene en pie, así como lo oye. Los ciegos envenenados no tenemos presidente, no tenemos patria, no somos hijos de esta patria”, explica con la virulencia de un hombre que no denuncia sino que describe su verdad.

Pese a las prohibiciones de uso en el país fabricante, el gobierno panameño permitía que se rociaran las 3 mil hectáreas sembradas de bananos con químicos como el Nemagón y el Fumazone, dos sustancias que a finales de los 60 hacían estragos en las plantaciones de República Dominicana, Costa Rica, Perú, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Filipinas. En Panamá, según el ex defensor del Pueblo, Ítalo Antinori, esas sustancias se utilizaron hasta entrados los años 90.

LAS TRES CAMISAS

José Vega no está muerto, pero pasa sus horas en el cementerio. Remienda tumbas. Allí, a la sombra de un árbol, repite su historia que en Puerto Armuelles parece la historia de todos. Cuando tenía 15 años ingresó al campo bananero a trabajar los tres meses de vacaciones.

Empezó como barredor que pasó de oficina en oficina hasta aprender todos los trabajos de la empresa. Al final fue encargado de la oficina de Seguridad y Riesgo Laboral.

“Quizás yo tenga algo de químicos en el cuerpo, por la inhalación en 30 años”, dice, pero lo que lo salvó fue un puñado de lecturas.

Mientras que los miles de trabajadores sudaban en las plantaciones, él se interesaba por conocer más de los tóxicos. Supo temprano que todos los químicos que no usaban en Estados Unidos los regaban acá. Levanta la vista, mira el sin fin de cruces, tumbas y gallotes, y luego taconea el piso: “aquí, bajo esta tierra, hay miles de panameños que fueron desbaratados por los tóxicos. Y no importa a nadie. Me tocó ver cientos de casos de enfermos con dolor de cabeza, debilidad, problemas respiratorios, visión borrosa, vómitos, fibrilación de los músculos. La gente decía dale leche, bebe leche, no se tiene que ir al médico”.

Cuarenta años después reconoce que se jugaba con la salud de las personas. La empresa plantaba barreras de árboles ficus y papos a la vera de los caminos, afluentes de agua, y lugares poblados para mitigar el efecto de los vuelos de la muerte. “Cuando uno entraba al bananal le pegaba fuerte en la nariz, pero teníamos que trabajar así lastimosamente”, se lamenta Vega.

Pero no solamente los obreros se bañaban en Nemagón. Vega, que lleva tres camisas para protección hasta cuando sale al parque, recuerda que en Chiquita luego de poner los fertilizantes a los plantones, se regaban para la sigatoka: un insecto que vuela hasta 10 pies de altura. Usaban Ditane, un tóxico que también ponía a temblar a los obreros. También se regó Bravo, pero por ser muy tóxico se cambió, aunque todavía sigue en Honduras, Guatemala y parte de Costa Rica.

A ciencia cierta no se puede decir cuántos son los panameños afectados. Y las muertes que ya nadie investigará seguramente superan las del escándalo de envenenamiento con dietilenglicol. Sí se sabe, que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado a que garantice a los trabajadores que no sean sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, como la exposición a plagicidas u otras sustancias químicas.

LO QUE MÁS DUELE

Félix Antonio Ríos, es otro de los fumigados de Chiquita Brands. Vive en Progreso, en una casa rodeada de árboles frutales. En una esquina tiene un rancho, donde pasa la mayor parte del tiempo. En ese aposento tiene mesa, silla y butacas. Sobre la mesa hay un maletín de profesor. Habla como si se le atragantaran las palabras.

Lo primero que dice es que se siente culpable de la muerte de su hijo Roberto, de 24 años, de un cáncer en los testículos, cuando era estudiante de la Universidad de Panamá. Aunque le dicen que no se lo tome de esa forma, que no tiene razón, siente que así como le dio la vida a su hijo, también le regó los problemas.

Ríos ingresó con 22 años a las bananeras y fue liquidado a los 51. A simple vista es un hombre saludable, fuerte, pero por dentro lleva un historial clínico que “vuelve loco a cualquiera. A mí me preguntó un gobernador: ¿pero tú qué es lo que no tienes? Yo le dije: yo no quisiera que usted tuviera lo que yo tengo. Desde 1972 me trato por los agroquímicos, pondiéndome vacunas toda las semanas. A mí me pueden dar un millón de dólares y no me compensan los sufrimientos”.

Ríos, hay veces que no puede estar acostado. Ni sentado. Ni parado. Ni puede respirar. “La compañía sabía lo que estaba haciendo porque yo trabajé en el departamento de materiales y ahí fue donde me di cuenta de la clase de canallada que habían hecho con los trabajadores. Se regaba el Fumazone y Nemagón, dos tóxicos que inhalarlo es venenoso, el contacto con la piel es venenoso, la ingesta era sumamente venenoso. Ellos no tomaron las precauciones porque nosotros valíamos muy poco para ellos”.

El trabajo cotidiano funcionaba como cualquier otro. Les decían qué tenían que hacer y ellos lo hacían. Aplicaban las sustancias cinco horas consecutivas, todos los días. Era demasiado cinco horas. La gente la pasaba muy mal, pero en la cadena de producción se ahorraban costos. “Aquí el perjudicado no solamente era el que trabajaba: la persona que lavaba mi ropa y mis hijos que me agarraban cuando yo llegaba contaminado también. Y yo sé también que fui de los que aplicó veneno a la gente. Usted no se imagina lo que eso hace sufrir a uno. Yo fumigaba y a mi hijo Roberto le salió un cáncer”.

Félix, como la mayoría en Puerto Armuelles, se siente abandonado por la ley. Recuerda que cuando entró, el primer examen que le hicieron fue el de la próstata y si lo dejaron trabajar era porque estaba sano. Pero cuando le dieron la patadita y lo echaron, se queja de que nadie se fijó cómo él salía y así pasó con todos los trabajadores.

“Fuimos a la Asamblea en el 2003, hablamos con medio mundo, fuimos traicionados por una persona que negoció nuestras dolencias. Yo no quiero lástima, yo quiero que sean justos. Si a mí, pasado mañana, me dicen que no me toca nada, lo aceptaré porque hay personas más dañadas que yo”.

Como el caso de María Cubillas. Ella es una de las pocas mujeres que se permite hablar sobre el tema, pero antes pone algunas condiciones: que no le tomen fotos ni se le pida bajarse del taxi en el que ha llegado hasta Progreso para esta entrevista, que se realiza adentro del auto. Estamos estacionados frente a un billar en penumbra de donde salen mucho ruido.

SIN SALIDA

Es triste pero es así: la mujer recuerda y llora. Habla con un tono de voz bajito y cortado, que no le va su cuerpo. María es una mujer grande, sin residuos de juventud y la piel rayada por la dermatitis. Así, entre susurros, cuenta que una mañana ella apareció en una finca bananera con cuatro hijas en busca de trabajo y techo. Las dos cosas fueron fáciles de conseguir. Guiada por el deseo de tirar para adelante, por las hijas, firmó su contrato de trabajo. Nunca imaginó que esa decisión acabaría con dos de sus hijas antes de cumplir los 12 y que ella terminaría con asma crónico.

“Ellos trajeron a las bananeras el DBCP o Nemagón, un químico que no se usaba en Estados Unidos y que usaron acá y ese químico le provocó esterilidad a los trabajadores, eso fue lo que dio al traste con los obreros”.

Las tragedias de María son tres. Cuando murió la primera niña, de doce años, de un cáncer, hasta los médicos se extrañaron. María pensaba que la gente que moría de esa enfermedad eran viejos, no niños. Años más tarde murió su segunda hija. De asma. Como la niña estaba en primer año, ella pensaba que era la madrugada lo que le hacía mal, levantarse tan temprano, la brisa fresca del amanecer. El día que le dio la crisis no llegó a tiempo al hospital. Después de la muerte de las niñas María quedó como atontada, fuera del mundo, en medio de una penitencia inhumana. Siguió empacando parte de los 40 millones de cajas de banano que exportaba la empresa cada año. ¿Qué iba a hacer? Cuando su salud se quebró del todo, vino la pelea para que la pensionaran por un cuadro clínico de asma ocupacional. “La empresa quería doblarle el brazo a todo el mundo para no pagar. Al final los médicos se pusieron duros y me pensionaron”.

Antes de emprender el camino de regreso —sin nunca bajarse del carro—, María explica las razones de sus cuidados al hablar. Dice que esto podría dañar el proceso legal, que parece empezar a desperezarse. En agosto pasado la justicia culminó pruebas clínicas a más de 550 afectados.

Parece extraño: el país con mayor crecimiento económico de la región, que se abre a la ampliación del Canal y a la construcción del metro guarda en lo más profundo de su interior heridas que no cicatrizan. Muchos aquí se sienten fantasmas. Invisibles. Olvidados. Sin nadie a quien reclamar y con el cuerpo partido. Hombres, mujeres y niños panameños, quienes han cargado la cruz de la enfermedad a sus espaldas y de por vida. Son los fumigados. Sí, aquí, en el puente del mundo y corazón del Universo.

CHIQUITA Y VENENOSA

La United Fruit Company comenzó sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro en el año 1899, nueve años más tarde que la Snyder Banana Co. iniciase la historia del banano en la provincia. Tras abandonar las plantaciones en Bocas, compró tierras aptas para la producción de banano en la región de Chiriquí (1923 y 1926). La compañía quería utilizar el trazado del Ferrocarril Nacional de Chiriquí —finalizado en 1927— desde Puerto Armuelles (PA) y conformar una unidad de explotación bananera sobre la región fronteriza, que enfrentaba a Costa Rica con Panamá en el plano político y económico, buscaban por el contrato bananero con la UFCo. En 1927 la empresa firmó una concesión por treinta años con Panamá para cultivar banano en el área de Chiriquí, formandose la División de Puerto Armuelles (PA), que ha variado de nombre.

CARLOS ATENCIO

El exilio inevitable

Entre 1990 y el 2000, Puerto Armuelles redujo su población a la mitad; mientras en 1990 vivían 46,093 personas, en el 2000, disminuyó a 22,075. La tragedia se consumaría para el 2020, en esa fecha, quizá, desaparezca la población.